Una madre andaluza deberá entregar hoy a su expareja, condenado por malos tratos, la guarda y custodia de la hija que tienen en común. La decisión del Tribunal andaluz se produce a consecuencia de que la madre no permitió cumplir al padre con el régimen de visitas y fue demandada por su exmarido.
La historia de María S. es una auténtica maraña judicial desde que en el año 2001 se divorciara e iniciara un procedimiento penal por los malos tratos que recibió de su ex pareja. La sentencia de malos tratos fue confirmada por el Tribunal Supremo, imponiéndole una pena de un año y nueve meses por maltrato habitual, tal como había fallado ya en su día la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Sin embargo, hoy tendrá que entregar a su hija de nueve años al padre en el punto de encuentro familiar de la Junta de Andalucía –sobre su ex pesa una orden de alejamiento– porque ha perdido la custodia al haber incumplido "reiteradamente" el régimen de visitas fijado en la sentencia de divorcio a favor del padre maltratador. De hecho, la esposa ha sido condenada por estos hechos a prisión por dos juzgados sevillanos, lo que provocó que el año pasado la Sección Segunda de lo Civil de la Audiencia le retirara la custodia en favor del padre, un mes antes de que otra Sala dictara la condena de malos tratos. Una sentencia que ella ha aportado con posterioridad, sin éxito, y con la que quiere reabrir su caso desde la sentencia del divorcio.
Con la resolución de la Audiencia el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Dos Hermanas (donde la pareja residía en el momento del divorcio) ejecutó el fallo, que hoy debe cumplirse a las 19.00 horas. A partir de entonces, la madre podrá ver a su hija dos días a la semana y los fines de semanas alternos, además de compartir las vacaciones con el padre.
La madre incluso presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para lograr que la primera condena (de un año de prisión) le fuera anulada, aunque su recurso ni siquiera fue admitido a trámite. La segunda condena, dictada en 2007 por el Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, le condenaba a dos años por sustracción de menor e incluso le retira la patria potestad de la menor durante cuatro años por "impedir" la relación de la menor con su padre.
La madre asegura que, además de los malos tratos recibidos por su marido, "está siendo maltratada por la Justicia", ya que el proceso penal contra su ex marido se ha demorado casi siete años. Según ella, su ex ha utilizado todo este tiempo para ponerle denuncias "cuando era él el que entregaba tarde al punto de encuentro los partes" con los día que iba a ver a la niña. No obstante, ella admite que al principio "no la llevaba por miedo". Ahora la relación de la menor con su padre "es cordial", pero "no se quiere ir con él", según la madre, pese a que ve a su progenitor de manera habitual.
La madre asegura que no está dispuesta a perder a su hija y que piensa luchar hasta recuperar su custodia. Por ello recientemente acudió a la Dirección General de Violencia de Género de Andalucía, donde fue atendida por la directora general, Ana Soledad Ruiz.
Tras esta reunión, la Consejería de Igualdad de Andalucía ha abierto un expediente para estudiar su caso y, además, se lo ha remitido a la fiscal delegada de Violencia a la Mujer Andaluza. En el informe la Junta de Andalucía insta a la Fiscalía Andaluza a que revise el caso y le apoye, y recuerda que "se está produciendo un incumplimiento del artículo 92.7 del Código Civil", en el que se especifica que “no procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de las partes esté inmerso en un proceso penal por violencia de género, "tal y como es su caso". Además, también ha trasladado este caso a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para "su conocimiento y efectos oportunos".
No obstante, la Junta de Andalucía le insta a cumplir con el régimen de visitas impuesto por el juzgado, mientras que "la situación no sea modificada por el juzgado pertinente".
Por otro lado, el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, también ha sido informado por la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres y la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, que le han remitido una carta conjunta.
En la carta las entidades reclaman al Ministerio de Igualdad y al de Justicia que promuevan los mecanismos necesarios para que los padres condenados por maltrato o inmersos en un proceso penal "no puedan comunicarse ni ver a sus hijos".
Para estas entidades la ex pareja de María inició "una maniobra perfectamente calculada y destinada a arropar" la petición de cambio de custodia que inició tras la sentencia del divorcio, "bajo la acusación de que la esposa obstruye el régimen de visitas establecido".
Artículo publicado en nuestra Web originalmente el día 02-09-2009.
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